Estados Unidos solicitó el arresto y la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández por cargos de drogas y armas menos de tres semanas después de dejar el cargo, una medida que sigue a años de acusaciones sobre los presuntos vínculos del líder hondureño con el narcotráfico. traficantes
Las fuerzas de seguridad hondureñas cercaron el barrio de Hernández el lunes por la noche y el martes se reunió la Corte Suprema de Justicia para elegir un juez que atienda el pedido de extradición.
El ministro de Seguridad de Honduras, Ramón Sabillón, quien fue despedido por Hernández como jefe de la Policía Nacional en 2014, dijo el martes que Hernández había conspirado “con cárteles para traficar (drogas) y corromper muchas instituciones públicas, lo que llevó al deterioro social y socavó la aplicación de justicia en Honduras”.
Dijo que los principales cargos que enfrenta Hernández en Estados Unidos son tráfico de drogas, uso de armas para el tráfico de drogas y conspiración para usar armas en el tráfico de drogas.
Los fiscales estadounidenses en Nueva York habían implicado repetidamente a Hernández como co-conspirador durante el juicio por narcotráfico de su hermano en 2019, alegando que su ascenso político fue impulsado por las ganancias de las drogas.
Su hermano, Juan Antonio “Tony” Hernández, fue sentenciado a cadena perpetua por cargos de drogas y armas en marzo de 2021. En su sentencia, el fiscal federal adjunto Matthew Laroche caracterizó los delitos como “tráfico de drogas patrocinado por el estado”.
Nicole Navas, vocera del Departamento de Justicia de Estados Unidos, se negó a comentar el lunes por la noche sobre la solicitud de extradición de Estados Unidos.
En un video difundido por el equipo legal de Hernández, aparentemente desde el interior de su casa, el abogado Félix Ávila dijo que aún no se había emitido una orden de arresto.
Hernández publicó una grabación de audio a través de Twitter la madrugada del martes agradeciendo a sus seguidores. “No es un momento fácil”, dijo. “No lo deseo para nadie”.
Dijo que sus abogados habían informado a la Policía Nacional que “estoy listo y preparado para cooperar e ir voluntariamente... para enfrentar esta situación y defenderme” si se dicta una orden de arresto.
La identidad del juez elegido para manejar el caso no fue revelada de inmediato. Sin embargo, se sabe que el presidente de la corte, Rolando Argueta, es cercano a Hernández, y los 15 jueces de la Corte Suprema fueron seleccionados por el Congreso en 2016 durante el primer mandato presidencial de Hernández. Sirven términos de siete años, y la mayoría proviene de su Partido Nacional.
Los movimientos estadounidenses fueron una caída largamente esperada para un líder vilipendiado en su país de origen que contaba con el apoyo de la administración Trump pero que la Casa Blanca de Biden lo había mantenido a distancia, que ha señalado la corrupción endémica de América Central como una de las causas principales de la migración. .
El año pasado, el senador estadounidense Patrick Leahy fue uno de una docena de senadores que apoyaron un proyecto de ley que buscaba aislar a Hernández al imponerle sanciones y prohibir la exportación de gases lacrimógenos, gas pimienta y balas de goma que las fuerzas de seguridad hondureñas desplegaron en los últimos años contra manifestantes
“A lo largo de los últimos ocho años de decadencia, depravación e impunidad, las sucesivas administraciones estadounidenses mancillaron nuestra reputación al tratar a Hernández como un amigo y socio”, dijo Leahy en un comunicado el martes. “Al dar excusa tras excusa a un gobierno que no tenía legitimidad y que funcionaba como una empresa criminal, los funcionarios estadounidenses perdieron de vista lo que representamos y que nuestros verdaderos socios son el pueblo hondureño”.
Dana Frank, experta en Honduras y profesora emérita de historia en la Universidad de California, Santa Cruz, dijo que Estados Unidos quiere parecer heroico por intentar finalmente llevar a Hernández ante la justicia, pero que las sucesivas administraciones que se remontan al presidente Barack Obama permitieron a Hernández.
“Hernández pudo causar estragos en Honduras, con costos devastadores, en gran parte porque Estados Unidos lo apoyó hasta el último minuto”, dijo Frank.
El abogado penalista hondureño Marlon Duarte dijo que el proceso de extradición contra Hernández, de avanzar, no duraría más de tres meses.
Una vez que se emita una orden de arresto, Hernández tendría que entregarse o ser detenido por la fuerza, dijo. En una audiencia inicial, Hernández sería informado de los cargos y sería retenido en una base militar.
Dentro de dos meses se realizaría otra audiencia en la que se presentarían las pruebas estadounidenses y el juez tomaría una decisión sobre su extradición.
Si el juez dictamina la extradición, Hernández tendría tres días para apelar. Luego, la corte de apelaciones, también nombrada por la Corte Suprema, decidiría dentro de cinco días si confirma la extradición o revoca la decisión del juez. Si el juez niega la extradición, el gobierno de los Estados Unidos tendría la oportunidad de apelar.
Hernández dejó el cargo el 27 de enero con la juramentación de la presidenta Xiomara Castro. El mismo día prestó juramento como representante de Honduras ante el Parlamento Centroamericano.
Uno de sus abogados, Hermes Ramírez, dijo a los medios locales que su cliente tenía inmunidad como miembro del parlamento regional y dijo que las fuerzas gubernamentales no estaban siguiendo los procedimientos adecuados. Dijo que Hernández estaba dentro de la casa.
Varios contingentes de la Policía Nacional, incluidas fuerzas especiales y policías militares, se hicieron presentes en los alrededores de la colonia Hernández el lunes por la noche. Las barreras en todas las entradas impidieron la entrada a los medios e incluso a los residentes.
Miembros de las fuerzas de seguridad ingresaron al área con armas, encapuchados y con esposas colgando de sus chalecos balísticos.
Hernández a menudo señaló el hecho de que Honduras comenzó a permitir la extradición de sus ciudadanos por cargos de narcotráfico mientras era presidente del Congreso como parte de su defensa.
Pero los fiscales estadounidenses han alegado que estaba aceptando sobornos de narcotraficantes con la promesa de protegerlos una vez que fuera presidente.
Hernández asumió el cargo el 27 de enero de 2014. Usó una Corte Suprema amistosa para superar la prohibición constitucional de reelección de Honduras y ganó un segundo mandato en 2017 en elecciones empañadas por irregularidades.
Alrededor de la medianoche del lunes, Jorge Arturo Vega, de 56 años, simpatizante del partido Libertad y Refundación del nuevo presidente Castro, estaba parado frente a una barricada policial en el barrio de Hernández celebrando.
“Este es un partido que hemos estado esperando por mucho tiempo”, dijo Vega, recordando los doce años desde que Hernández llegó al Congreso. “No soportamos más a este narcotraficante, criminal, asesino en la casa presidencial”.
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