Washington
El Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes de Estados Unidos celebró ayer una audiencia para evaluar la posibilidad de garantizar por ley que las personas transgénero puedan servir en las Fuerzas Armadas, una posibilidad con la que quiere acabar el presidente Donald Trump.
"El Congreso no puede permitir que la Administración imponga sus impulsos discriminatorios", reclamó la congresista demócrata Jackie Speier en su alegato inicial.
La sesión se produjo en un momento en que el Gobierno lucha en los tribunales para impedir que los transexuales puedan alistarse en el Ejército, alegando que su presencia en las Fuerzas Armadas afecta la operatividad de las tropas y supone un lastre económico para el presupuesto del Pentágono.
"Cada vez que el Ejército ha incorporado a un grupo minoritario se ha encontrado con resistencia, citando la capacidad de acometer una misión, la cohesión de la unidad o la moral de las tropas", lamentó el capitán de corbeta Blake Dremann, uno de los seis testigos que comparecieron este miércoles ante el comité.
Dremann fue uno de los cinco militares transgénero -además de la contramaestre Akira Wyatt, las capitanas Alivia Stehlik y Jennifer Peace, y la sargento Patricia King-, que junto al comandante del Cuerpo de Sanitarios de la Armada de EE.UU. Jesse Ehrenfeld, trataron de explicar por qué el veto que quiere imponer la Casa Blanca carece de fundamentos prácticos.
Ehrenfeld sostuvo que la investigación existente rebate los argumentos con los que el Gobierno pretende prohibir el alistamiento de nuevos reclutas que pudieran querer someterse a una operación de cambio de género, lo que se conoce disforia.
"Los estudios demuestran que las personas que son diagnosticadas con disforia de género y reciben los cuidados médicos apropiados no tienen una menor disponibilidad para ser desplegados que sus compañeros", apuntó el médico.
En este sentido, el facultativo citó datos del propio Pentágono que establecen que un 40 % de los militares que han sido diagnosticados con disforia participaron en misiones en Oriente Medio y que, de todos ellos, solo uno no pudo completar su despliegue.
Por su parte, los cinco militares transgénero coincidieron en que alguien que no pueda ser enviado al frente cuando es preciso no debe servir en el Ejército, aunque subrayaron que sus procesos de transición apenas conllevaron entre dos y tres meses de baja médica.
El Departamento de Defensa estableció recientemente que quien por causas médicas no pueda ser desplegado durante un plazo de 18 meses deberá abandonar el Ejército.
En cuanto al aspecto económico, Ehrenfeld citó un estudio de elaborado por la organización Palm Center que refleja que el Pentágono destinó 2,2 millones de dólares a sufragar gastos médicos relacionados con cirugías de cambio de genero, lo que supone una fracción de los 639.000 millones con los que contó el presupuesto de Defensa ese año.
Trump anunció en julio de 2017 que tenía la intención de prohibir a todas las personas transgénero servir en el Ejército, aunque posteriormente la Casa Blanca se limitó a intentar impedir el reclutamiento de personas que pudieran en un futuro querer someterse a una operación de cambio de sexo.
Finalmente, el Pentágono presentó en marzo pasado una normativa que establecía que las personas con "un historial de disforia de género (...) quedan descalificadas del servicio militar excepto bajo circunstancias limitadas".
Esta normativa ha sido bloqueada sucesivamente por distintas cortes estatales, pero el Tribunal Supremo dictaminó el pasado 22 de enero que, mientras no se falle una sentencia en firme al respecto, el Departamento de Defensa puede continuar implementando la nueva política.
En declaraciones a Efe, Dremann quitó importancia a esta decisión del Supremo al considerar que "aún no ha pasado nada", pero reconoció que la posibilidad de que el Congreso apruebe una ley que garantice a los transexuales su derecho a servir en las Fuerzas Armadas "sería un alivio".
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