Santiago de Chile.- El Gobierno de Chile defendió hoy su decisión de no firmar el Pacto Migratorio de Naciones Unidas, afirmando que cada país “es soberano” para fijar “sus propias” reglas sobre el asunto.
“Los migrantes tienen derechos, pero cada país es soberano para fijar sus propias reglas de migración”, precisó el ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Ampuero, en una declaración en la que el Gobierno de Sebastián Piñera argumenta sus razones para no firmar el pacto.
La declaración se produjo después de una ola de críticas que cayó sobre el Gobierno desde este domingo, cuando se hizo pública la decisión de no ser parte del pacto, bajo el argumento de que la migración “no es un derecho humano”.
Excancilleres como José Miguel Insulza o Heraldo Muñoz, el Instituto Chileno de Derechos Humanos (INDH), organizaciones de inmigrantes y la oposición política, entre otros, han considerado un grave error la decisión del Gobierno y han señalado que con ella se abandona una línea histórica del país en política internacional.
También los críticos apuntan a que el Ejecutivo ha hecho una lectura errónea del pacto, pues no es vinculante y mantiene la soberanía de los países para establecer sus propias políticas migratorias.
La expresidenta Michelle Bachelet, actual Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, felicitó hoy en Twitter a los más de 150 países que aprobaron hoy el pacto en Marrakech (Marruecos).
En la declaración difundida por el canciller Ampuero, el Gobierno chileno recordó que desde su inicio, el pasado marzo, “se han fijado reglas claras para tener una migración ordenada, segura y regular”, y para enfrentar a una migración “descontrolada y desordenada”.
“Chile tiene las puertas abiertas a quienes quieren venir a trabajar, contribuir e integrarse a nuestra sociedad, pero tiene las puertas cerradas a quienes vengan a delinquir o a violar las leyes, eso es algo a lo que este gobierno no va a renunciar”, subrayó Ampuero.
El Gobierno “ha fijado instrucciones claras para una migración clara y segura” y añadió que “nadie puede decir que Chile está en contra del multilateralismo ni los Derechos Humanos”.
Agregó que el texto de la ONU “choca con las intenciones de Chile” porque “no establece distinción entre un migrante regular y uno irregular, flexibiliza la opción de cambiar de estatus y, si bien no es vinculante, nunca vamos a adherir a nada que pueda ser usado en contra de Chile en alguna corte internacional”.
Atacó además al Gobierno de Bachelet (2014-2018), al manifestar que “no hizo nada para resolver este fenómeno”, mientras desde la llegada de Piñera a la Presidencia “bajamos a la mitad la cantidad de migrantes que habitan de forma ilegal nuestro país”.
Remarcó, además, que Chile “ha suscrito la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención para la protección de los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias”, textos que “aseguran el derecho de las personas a salir y volver a su país”.
Indicó además que Chile es parte de los objetivos de desarrollo sostenible de 2030, que en uno de sus objetivos habla de “facilitar la migración y la movilidad ordenada, segura, regulable y responsable de las personas. Incluso, mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien gestionadas”.
El Gobierno de Piñera ha llevado a cabo una política de expulsión de inmigrantes que hayan cumplido condena por diversos delitos, que suma hasta ahora a más de 2.000 personas, principalmente colombianos, peruanos y bolivianos.
Además, abrió un programa de retorno humanitario al que se han acogido hasta ahora más de 300 haitianos y hay más de un millar de inscritos para regresar a su país de origen en aviones de la Fuerza Aérea de Chile. En el país, según datos gubernamentales, hay actualmente alrededor de 1,090.000 inmigrantes.
El Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular de la ONU fue aprobado hoy en la cumbre que se celebra en la ciudad marroquí de Marrakech entre llamamientos a una cooperación multilateral para afrontar un fenómeno de dimensión global.
Países sobre todo receptores de emigrantes, como Australia, Italia, Israel y un numeroso grupo de los centroeuropeos, además de latinoamericanos como República Dominicana o Chile, se han retirado del pacto, mientras que Estados Unidos se opuso desde el principio
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