El gobernador de Puerto Rico desafió el lunes a la junta federal de control creada hace apenas unos meses para supervisar las finanzas de la isla y ayudarla a salir de la crisis económica.
En lo que pudiera ser una prueba de los poderes de la junta, el gobernador Alejandro García Padilla anunció que no presentará un plan fiscal revisado, el primer pedido que la junta hizo al mandatario. Dijo que piensa que las nuevas medidas de austeridad solamente empeorarían la crisis e insistió en que la junta restructure la deuda pública de casi 70.000 millones de dólares que él dice es impagable.
"No es lo correcto y no es necesario", dijo sobre las medidas de austeridad. "Sometería nuestra economía a un 'remolino' económico. Eso sería el regreso a las políticas de depresión".
Los miembros de la junta que se reunieron en Puerto Rico por primera vez la semana pasada dijeron que el plan fiscal de 10 años tiene que ser enmendado en parte porque no es realista y asume ayuda financiera federal pese a que es improbable. Le pidieron a García que presentase una versión enmendada para el 15 de diciembre para poder aprobar una versión final para el 31 de enero.
No estaba claro de inmediato qué sucederá ahora que el gobernador rechazó la propuesta de la junta. Un vocero de la junta dijo que vería si los miembros de la misma comentarán sobre el anuncio de García.
García deja el cargo el 1 de enero, pero ha prometido que rechazará cualquier medida de austeridad mientras tenga trabajo.
"Mientras sea el gobernador de Puerto Rico, me opondré a cualquier intento de viabilizar medidas, como por ejemplo, el despido de empleados públicos, la reducción de las pensiones de nuestros retirados y la desprotección de la Universidad de Puerto Rico", dijo.
Previamente, la junta había solicitado que las agencias gubernamentales más endeudadas de Puerto Rico presentasen sus propios planes fiscales, algo que no había sido requerido nunca antes. Funcionarios del gobierno dijeron en la reunión de la junta el viernes que las agencias, incluyendo las compañías de servicios públicos, presentarían sus planes.
En la reunión, un miembro de la junta, José González, dijo que el gobierno de Puerto Rico tiene que fijar prioridades.
"No todo es un servicio esencial", dijo. "Es un balance increíblemente delicado entre ajuste fiscal y crecimiento económico... Trataremos de lograr el balance correcto".
La junta había pedido la opinión del secretario del Tesoro Jack Lew sobre el plan fiscal de la isla. Agregó en una carta previa a la reunión del viernes que algunas partes del plan carecían de detalles y claridad, y que no tenía un análisis formal requerido sobre cumplimiento de obligaciones financieras. Lew también dijo que se necesitan una reestructuración creíble de la deuda y que el gobierno no debe depender exclusivamente de medidas de austeridad.
"Tal como hemos enfatizado desde el comienzo de la crisis en Puerto Rico, la austeridad por sí sola es un remedio contraproducente", escribió.
Puerto Rico ha estado en un bajón económico durante una década, y el gobierno de García ha tomado medidas para ayudar a generar más ingresos, como aumentos en las tarifas de servicios públicos y nuevos impuestos. Pese a esas medidas, la isla ya se ha atrasado en los pagos de bonos valorados en casi 1.400 millones de dólares desde agosto del 2015, y debe unos 1.500 millones de dólares a proveedores del gobierno, mientras sigue aplazando pagos a contratistas en medio de una crisis que ha empujado a más de un cuarto de millón de personas a salir de la isla para mudarse al territorio continental estadounidense en años recientes.
García ha advertido que el gobierno se quedará sin dinero para febrero si es que una moratoria a la deuda expira ese mes y no se extiende.
Hasta ahora, la moratoria ha protegido a Puerto Rico de varias demandas presentadas por acreedores que buscan recuperar el dinero que invirtieron en bonos de Puerto rico.
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