Cualquier situación de fragilidad social, económica, política, comercial o de otra índole que se produzca en Haití, se ha convertido en elemento de presión para que haitianos indocumentados vulneren la frontera dominicana, espacio de la isla convertido en escenario bélico en los años de formación de las dos repúblicas, hoy fuente de supervivencia para un puñado de comerciantes y para la concreción de negocios espurios por parte del crimen organizado.
Con la violación de la frontera, que se puede medir por la gran cantidad de haitianos sin documentos que arriban al país desde el terremoto del 12 de enero de 2010, la situación se ha tornado inmanejable para República Dominicana, sin agregar los problemas económicos, medioambiental, el impacto en el sistema de salud, así como el hacinamiento generado por ellos en áreas cercanas a polos turísticos.
La pobreza y la inestabilidad política son la mecha que tiene encendida la bomba migratoria en nuestro país, factores a los que debemos estar atentos los dominicanos. Para finales de este año, se llevarán a cabo elecciones de nuevas autoridades haitianas en los niveles presidencial, parlamentario, municipal y local, siguiendo un calendario que se ha visto retrasado por un año debido a los conflictos políticos entre los principales actores, que pasó por la renuncia del último jefe de gabinete.
Realizadas esas elecciones, que costarán 66 millones de dólares, de los cuales Haití solo aportará 15 millones, las autoridades electas a partir del año 2016, tendrán que enfrentar retos como la estabilidad política y económica, la seguridad ciudadana, la violencia, las protestas sociales, el desempleo, el respeto a los derechos humanos, la marginalidad y los homicidios, problemas que están latentes día a día en ese país.
Esos desafíos que enfrenta Haití se potencializarán aún más debido a que el próximo año es la fecha programa para el retiro de las tropas militares, los asesores policiales y delegaciones de voluntarios de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití, conocida por sus siglas como Minustah.
Diferentes resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas dieron mandato (una de las primeras fue la 1542 del 1 de junio de 2004) para “establecer un entorno seguro y estable en el que se pueda desarrollar un proceso político, fortalecer las instituciones del Gobierno de Haití, apoyar la constitución de un estado de derecho, y promover y proteger los derechos humanos”. Las Naciones Unidas ha tenido un éxito relativo en Haití con ese meta.
Hay que decir que la labor de estabilización de las Naciones Unidas en el país vecino se inició en febrero de 1990 con la supervisión y organización de las elecciones para ese año, pero al empeorar el panorama político con el golpe de Estado de 1991 al gobierno legítimo de Jean Bertrand Aristide, hubo que reforzar esa misión.
Tres años después, el Consejo de Seguridad autorizó el despliegue de una fuerza multinacional de 20 mil efectivos, llamada Misión de las Naciones Unidas en Haití (UNMIH).
Desde 2004 hasta hoy, la Minustah y otras entidades internacionales que cooperan en el mismo objetivo, avanzaron en sus propósitos, pero un país con frágil institucionalidad, altos niveles de pobreza, analfabetismo, con sistemas de salud y judicial deplorables y carente de sistemas de transparencia, lo convierte en una nación inviable.
La ONU contempla retirar todas las tropas después de 11 años de un arduo trabajo en Haití. La semana pasada, el Ministro de Defensa de Brasil, Jacques Wagner, cuyo país mantiene un contingente de 1,343 militares, ratificó la decisión de retirar todo su personal. Se espera que las demás misiones militares toquen su retirada antes que Brasil, que lo hará en el mes de junio de 2016.
¿A QUÉ SE NOS ENFRENTAMOS?
Aunque para el futuro haitiano ésa pudiera ser la mejor de las medidas en términos político-institucional, no hay certeza, pues, de que luego de la retirada total de las misiones militares, las nuevas autoridades estén en capacidad de garantizar, no solo la armonía interna, sino los peligros que representan el tráfico de drogas y el crimen organizado, que toman la frontera dominicana como base operativa.
El retiro de 107, 809, entre militares, policías y asesores policiales y expertos en misiones de tropas, no deja de generar preocupación ante la improbable capacidad de las nuevas autoridades haitianas.
Bangladesh, Pakistán, India, Etiopía y Rwanda son los cinco países de mayor cantidad de militares asentados, con 39, 560 hombres y mujeres. El grueso de personal militar y asesores policiales extranjeros en Haití sobrepasa por mucho los cerca de 65,000 miembros de las Fuerzas Armadas Dominicanas.
Es innegable que la presencia de ese ejército de paz y estabilidad de las Naciones Unidas ha permitido una relativa estabilidad en Haití, sin embargo, se registra en las calles haitianas un repunte de los delitos, la violencia de las bandas criminales y los disturbios políticos.
Desde el primero de septiembre del pasado año hasta 1 de marzo de 2015, se produjeron en Haití 538 homicidios, el 80 por ciento de ellos originados por la violencia de las bandas que operan en Puerto Príncipe, ciudad donde la tasa alcanzó los 31 homicidios por cada 100 mil habitantes. De acuerdo con las estadísticas de la Minustah, esa cifra representa el triple del promedio nacional, que es de 10, 5 por cada 100 mil habitantes. De igual manera, los secuestros aumentaron también; igual ocurrió en ese período con los casos de violaciones, que se registraron 220, más que en 2013 y 2014.
Los disturbios acompañados de violencia provocados por manifestantes en las calles de la capital y otras ciudades de Haití no se detienen. El monitoreo hecho por autoridades de las Naciones Unidas establece que se produjeron 215 en el último año. Las ciudades donde se escenifican son la propia capital, Petit Goave y Fort Liberté. En esas ciudades la presencia de la Minustah es muy activa, pero otras localidades rurales no tienen cómo hacer frente a las amenazas de seguridad, especialmente en Cité Soleil, Carrefour, Delmas, cercanas a Puerto Príncipe.
La presencia de la Minustah en estos 11 años ha disuadido en buena parte la violencia, pero Haití tiene retrasos en la creación de normas jurídicas, como la conclusión del Código Penal, normas de transparencia, el fortalecimiento del Ministerio Público y el sistema carcelario, acciones con las que se tenía que responder ayer.
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